Los golpes de Estado en el siglo XXI van a tener principalmente forma de golpes jurídicos, donde intervienen jueces corruptos, asistidos por policías corruptos y medios de comunicación corruptos que legitiman esos abusos judiciales inventando informes falsos y dando forma a sus mentiras en medios controlados por bancos, fondos de inversión o grandes empresas ajenas al sector. El ejemplo de lo ocurrido con Lula Da Silva, sacado de la carrera electoral en 2018 por un juez declarado incompetente después, es un claro ejemplo. Pero también en España lo que ocurre con Podemos va en una dirección similar al haber estado sometido desde su irrupción electoral en 2014 con todo tipo de ataques.
Santiago Feinmann | PU: 5 claves para entender el fenómeno
Durante la última década, tanto en Europa como en América Latina, los principales líderes cuya orientación fue transformar a las sociedades en favor de las grandes mayorías, han sido el principal blanco de ataque de esta nueva modalidad que los grupos minoritarios y poderosos encontraron para mantener sus privilegios.
Hablamos de “lawfare” o guerra judicial para hacer referencia al uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo consiste en deteriorar las bases de apoyo popular dejando sin capacidad de reacción al implicado. A continuación presentamos los aspectos más relevantes de quiénes protagonizan el armado de un lawfare y qué objetivos persiguen.
1- El “Partido” Judicial. El valor de la “independencia” del Poder Judicial es lo primero que se pone en cuestión cuando hablamos de jueces y tribunales que sin rigor jurídico y con un desempeño plagado de impericias, conducen investigaciones utilizando los códigos legales como armas para arremeter contra líderes populares. El lawfare deja al descubierto que el Poder Judicial, el único que no es elegido por voluntad popular, aloja en su interior a una suerte de “jueces militantes” los cuales oficiando desde una parcialidad política pervierten las propias finalidades del sistema jurídico.
En la mayoría de los casos, se ha observado que los servicios de inteligencia son aquellos agentes encargados de proveer la materia prima para el montaje de las causas. Estos sectores son conocidos como “las cloacas del Estado” ya que no hay ni transparencia ni regulación sobre su accionar y desarrollan prácticas como la intervención ilegal de líneas telefónicas, implantación de pruebas falsas para perjudicar intencionalmente al acusado o la extorsión a testigos para que den testimonios falsos sobre los hechos. Estas operaciones suelen dar el puntapié inicial a confabulaciones que nunca llegan a tener fuerza probatoria pero que tienen un efecto mediático de alto impacto.
2- La sentencia mediática. El rol que adquiere la prensa en el proceso del Lawfare es fundamental y se orquesta al ritmo de los procesos judiciales. La articulación mediático-judicial tiene un “timming político”. El caso se hace público a través de los medios en momentos de alto costo político para la persona o los grupos a los que se pretenden desprestigiar. De esta forma, periodistas, diarios y programas de televisión comienzan a unificar una línea editorial para influir directamente en la opinión pública repitiendo hasta el hartazgo noticias falsas (fakes news) hasta lograr un “efecto de verdad” sobre la ciudadanía. En la mayoría de los casos, el tratamiento mediático ha consistido en un auténtico reality show, con coberturas periodísticas que registraron el día a día de las personas acusadas y de sus familiares, el interior de sus propiedades privadas cuando existía alguna orden de allanamiento y hasta difusión en vivo y en directo de distintas instancias indagatorias con el objetivo de mantener el tema en la agenda pública. Los medios asumen la función de publicitar y hacer conocer a la población cosas que no figuran ni han sido probadas en los expedientes y que por lo tanto no constituyen delitos. Esta distorsión en la opinión pública sirve, entre otras cosas, para presionar a los jueces competentes a cargo de las causas y para justificar, llegado el caso, las sentencias de los jueces que no lo son. En definitiva, el lawfare intenta construir mediáticamente lo que no puede demostrarse jurídicamente a partir de los expedientes.
3- La vía violenta del neoliberalismo. En la última década y aún en el contexto de la pandemia mundial, la persecución mediática y judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos cuyos proyectos colocan al Estado como protagonista en materia económico-social, con una vocación marcada hacia la revalorización de lo público. La carta elegida para desprestigiar un modelo de sociedad que tiende a poner “lo común” por sobre “lo privado”, consistió en el armado de causas bajo el supuesto de corrupción. Pasan a ser corruptos todas o todos aquellos que demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las empresas o las corporaciones. ¿El objetivo? Buscar construir un consenso según el cual todo lo que esté bajo la órbita de la administración del Estado es ineficiente, sospechoso y en definitiva, un modelo incapaz de resolver las problemáticas que atraviesa el conjunto de la sociedad. Este modus operandi tiene consecuencias destituyentes dado que busca sacar del juego político de representación a líderes que se oponen a concebir al Estado como una estructura al servicio de los beneficios y negocios privados. La virulencia de la práctica del lawfare llevó al derrocamiento de gobiernos democráticamente electos (“golpes blandos”) obteniendo en los tribunales y en los medios hegemónicos, lo que no pudieron lograr en las urnas.
4- La Doctrina del miedo. La consecuente persecución ideológica y material a integrantes de proyectos populares, progresistas y democráticos, utiliza el miedo como hilo conductor. Se trata de una práctica muy similar a las utilizadas en tiempos pasados cuando se hacían “cazas de brujas”, en la que se perseguía y ejecutaba a todo aquel o aquella que se consideraba un elemento disruptivo del orden establecido. En el lawfare, el uso de la ley como arma y el consenso que se busca generar a través de la manipulación de la opinión pública, tienen como objetivo desmoralizar a las víctimas y a su entorno familiar o ideológico. Esta desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal incluye desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica (pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo, de altos costes, que deben cubrir las personas implicadas). Las implicancias tortuosas de estos procesos buscan generar un efecto de “disciplinamiento” en los liderazgos de los sectores populares advirtiendo estos resultados como un destino posible de quienes ven en la política una herramienta de transformación social en pos de las mayorías ciudadanas.
5- La salida es por abajo. Si hay algo preocupante de esta guerra asimétrica desatada por las fuerzas del neoliberalismo a través del Lawfare, son las graves consecuencias que sufre el sistema representativo y la división de poderes. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos pocos fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condenas decididas de antemano. Las democracias quedan debilitadas y apropiadas por el poder de las elites económicas y por las fuerzas reaccionarias que generan impunemente un desequilibrio en el orden democrático de gobernanza en favor de sus intereses.
Para poner freno a estas nuevas modalidades de asedio contra las mayorías, la tarea será (una vez más) apostar a las fuerzas democratizantes de una ciudadanía movilizada para defender sus derechos y restituir el juego democrático. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos” dijo la voz de Salvador Allende señalando el camino.
O se está con la democracia o se está con el lawfare.
Fuentes:
Santiago Feinmann | PU: 5 claves para entender el fenómeno
Durante la última década, tanto en Europa como en América Latina, los principales líderes cuya orientación fue transformar a las sociedades en favor de las grandes mayorías, han sido el principal blanco de ataque de esta nueva modalidad que los grupos minoritarios y poderosos encontraron para mantener sus privilegios.
Hablamos de “lawfare” o guerra judicial para hacer referencia al uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo consiste en deteriorar las bases de apoyo popular dejando sin capacidad de reacción al implicado. A continuación presentamos los aspectos más relevantes de quiénes protagonizan el armado de un lawfare y qué objetivos persiguen.
1- El “Partido” Judicial. El valor de la “independencia” del Poder Judicial es lo primero que se pone en cuestión cuando hablamos de jueces y tribunales que sin rigor jurídico y con un desempeño plagado de impericias, conducen investigaciones utilizando los códigos legales como armas para arremeter contra líderes populares. El lawfare deja al descubierto que el Poder Judicial, el único que no es elegido por voluntad popular, aloja en su interior a una suerte de “jueces militantes” los cuales oficiando desde una parcialidad política pervierten las propias finalidades del sistema jurídico.
En la mayoría de los casos, se ha observado que los servicios de inteligencia son aquellos agentes encargados de proveer la materia prima para el montaje de las causas. Estos sectores son conocidos como “las cloacas del Estado” ya que no hay ni transparencia ni regulación sobre su accionar y desarrollan prácticas como la intervención ilegal de líneas telefónicas, implantación de pruebas falsas para perjudicar intencionalmente al acusado o la extorsión a testigos para que den testimonios falsos sobre los hechos. Estas operaciones suelen dar el puntapié inicial a confabulaciones que nunca llegan a tener fuerza probatoria pero que tienen un efecto mediático de alto impacto.
2- La sentencia mediática. El rol que adquiere la prensa en el proceso del Lawfare es fundamental y se orquesta al ritmo de los procesos judiciales. La articulación mediático-judicial tiene un “timming político”. El caso se hace público a través de los medios en momentos de alto costo político para la persona o los grupos a los que se pretenden desprestigiar. De esta forma, periodistas, diarios y programas de televisión comienzan a unificar una línea editorial para influir directamente en la opinión pública repitiendo hasta el hartazgo noticias falsas (fakes news) hasta lograr un “efecto de verdad” sobre la ciudadanía. En la mayoría de los casos, el tratamiento mediático ha consistido en un auténtico reality show, con coberturas periodísticas que registraron el día a día de las personas acusadas y de sus familiares, el interior de sus propiedades privadas cuando existía alguna orden de allanamiento y hasta difusión en vivo y en directo de distintas instancias indagatorias con el objetivo de mantener el tema en la agenda pública. Los medios asumen la función de publicitar y hacer conocer a la población cosas que no figuran ni han sido probadas en los expedientes y que por lo tanto no constituyen delitos. Esta distorsión en la opinión pública sirve, entre otras cosas, para presionar a los jueces competentes a cargo de las causas y para justificar, llegado el caso, las sentencias de los jueces que no lo son. En definitiva, el lawfare intenta construir mediáticamente lo que no puede demostrarse jurídicamente a partir de los expedientes.
3- La vía violenta del neoliberalismo. En la última década y aún en el contexto de la pandemia mundial, la persecución mediática y judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos cuyos proyectos colocan al Estado como protagonista en materia económico-social, con una vocación marcada hacia la revalorización de lo público. La carta elegida para desprestigiar un modelo de sociedad que tiende a poner “lo común” por sobre “lo privado”, consistió en el armado de causas bajo el supuesto de corrupción. Pasan a ser corruptos todas o todos aquellos que demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las empresas o las corporaciones. ¿El objetivo? Buscar construir un consenso según el cual todo lo que esté bajo la órbita de la administración del Estado es ineficiente, sospechoso y en definitiva, un modelo incapaz de resolver las problemáticas que atraviesa el conjunto de la sociedad. Este modus operandi tiene consecuencias destituyentes dado que busca sacar del juego político de representación a líderes que se oponen a concebir al Estado como una estructura al servicio de los beneficios y negocios privados. La virulencia de la práctica del lawfare llevó al derrocamiento de gobiernos democráticamente electos (“golpes blandos”) obteniendo en los tribunales y en los medios hegemónicos, lo que no pudieron lograr en las urnas.
4- La Doctrina del miedo. La consecuente persecución ideológica y material a integrantes de proyectos populares, progresistas y democráticos, utiliza el miedo como hilo conductor. Se trata de una práctica muy similar a las utilizadas en tiempos pasados cuando se hacían “cazas de brujas”, en la que se perseguía y ejecutaba a todo aquel o aquella que se consideraba un elemento disruptivo del orden establecido. En el lawfare, el uso de la ley como arma y el consenso que se busca generar a través de la manipulación de la opinión pública, tienen como objetivo desmoralizar a las víctimas y a su entorno familiar o ideológico. Esta desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal incluye desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica (pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo, de altos costes, que deben cubrir las personas implicadas). Las implicancias tortuosas de estos procesos buscan generar un efecto de “disciplinamiento” en los liderazgos de los sectores populares advirtiendo estos resultados como un destino posible de quienes ven en la política una herramienta de transformación social en pos de las mayorías ciudadanas.
5- La salida es por abajo. Si hay algo preocupante de esta guerra asimétrica desatada por las fuerzas del neoliberalismo a través del Lawfare, son las graves consecuencias que sufre el sistema representativo y la división de poderes. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos pocos fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condenas decididas de antemano. Las democracias quedan debilitadas y apropiadas por el poder de las elites económicas y por las fuerzas reaccionarias que generan impunemente un desequilibrio en el orden democrático de gobernanza en favor de sus intereses.
Para poner freno a estas nuevas modalidades de asedio contra las mayorías, la tarea será (una vez más) apostar a las fuerzas democratizantes de una ciudadanía movilizada para defender sus derechos y restituir el juego democrático. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos” dijo la voz de Salvador Allende señalando el camino.
O se está con la democracia o se está con el lawfare.
Fuentes:
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