Francesca Bria es una economista y experta en políticas digitales. Actualmente es presidenta del Fondo Nacional de Innovación de Italia, profesora honoraria en el Instituto de Innovación de la UCL en Londres y ex Comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona. Estas respuestas forman parte de la conversación de cierre ‘Barcelona, laboratorio de soberanía y democracia digital’ que tuvo lugar en el marco de las Jornadas “Soberanía tecnológica: Democracia, datos y gobernanza en la era digital”.
¿Podría explicar brevemente cuáles fueron los aspectos centrales en la agenda de soberanía digital de la ciudad de Barcelona, especialmente en la democracia participativa?
En Barcelona era muy importante alinear la agenda tecnológica con la agenda de ciudad rebelde que perseguía Ada Colau durante su primer mandato. No queríamos caer en la trampa de una ciudad inteligente construida de arriba hacia abajo, impulsada e implementada por las grandes tecnológicas. Básicamente, la idea era todo lo contrario a cederles la propiedad de la infraestructura crítica de la ciudad, los sensores de datos, o la información sobre la vida de los ciudadanos. Al contrario, queríamos seguir una agenda política que se asentara sobre la participación ciudadana y la democratización de los datos. Esto es, poner la tecnología al servicio de las personas y remodelar la relación entre el sector público y los ciudadanos, incorporando a estos últimos en la toma de decisiones participativas. Para ello, desarrollamos la plataforma open source llamada Decidim Barcelona, que es propiedad de los ciudadanos y se gestiona como un bien común. Este experimento local, que ahora se utiliza 120 ciudades alrededor del mundo, nos dicen que se pueden escalar a nivel global sistemas híbridos de democracia online y democracia offline. También que es posible integrar la inteligencia colectiva de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones.
¿Qué hay de la propiedad común de los datos?
En cierto modo, es imposible tener una política democrática sin soberanía tecnológica. Por eso, la idea era ir más allá de la idea de las grandes tecnológicas estadounidenses y del gran Estado chino para implementar la gran democracia. Esto no sólo implica delegar el poder a los ciudadanos, sino asegurarse que las infraestructuras críticas del futuro, como el 5g o la inteligencia artificial, puedan concebirse de manera pública. La cuestión de los datos es muy importante porque son la materia prima o el activo estratégico principal de la economía digital. Por eso, hemos propuesto un nuevo modelo de gobernanza, un régimen de propiedad para los datos que reclama el control de las personas sobre la infraestructura crítica de nuestro tiempo. La idea era que los datos se utilizaran para tener viviendas más asequibles, impulsar la movilidad sostenible, luchar contra el cambio climático, promover energías renovables, repensar el modelo de producción y el futuro de la ciudad. Esto sólo es posible si las plataformas como Uber o Airbnb no se quedan con los datos de los ciudadanos. Al fin y al cabo, ¿cómo vamos a implementar una red inteligente, electrificando toda nuestra infraestructura y monitorizando los datos de los desplazamientos para proporcionar una especie de sistema de transporte público y de calidad si no tenemos acceso a los datos? ¿Cómo podemos luchar contra los monopolios si no podemos establecer alguna condición sobre cómo hacen los negocios en nuestra ciudad?
En la práctica, lo que hemos hecho es cambiar las cláusulas de contratación pública de la ciudad de Barcelona para exigir estándares digitales éticos y la seguridad por diseño en el servicio municipal. Sea un contrato de telefonía, telecomunicaciones, movilidad, gestión de residuos o la iluminación de la ciudad, hay una cláusula que dice que quien gane tiene que devolver los datos en formato legible para que puedan alimentar una infraestructura pública, desarrollar la inteligencia artificial o construir nuevos servicios para luchar contra el cambio climático o mejorar la movilidad. También teníamos una política de código abierto e interoperabilidad de estándares abiertos. Esto quiere decir que el 80 por ciento de la inversión de la ciudad de Barcelona en tecnologías digitales tenía que ir destinada al código abierto.
En definitiva, mostramos que se pueden movilizar datos para algo más que conseguir ganancias privadas. Y esto es importante porque tiene que ver con nuestro Estado de bienestar, con un modelo político en una sociedad digital que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, sólo este enfoque hacia la soberanía digital puede movilizar la tecnología y los datos al servicio de la transición ecológica a fin de luchar contra el principal problema de nuestro tiempo, que es el cambio climático.
¿Puede un experimento local realizado en una ciudad mostrar a Europa o al mundo lo que hay que hacer?
Desde luego que sí. Tras dar el poder a las comunidades, a la gente y a los ciudadanos para que puedan experimentar con modelos alternativos e infraestructuras tecnológicas, se trata de presionar para que estos modelos se puedan escalar a nivel europeo, donde por supuesto necesitamos inversión. El fondo de recuperación Next Generation tendría que destinar buena parte del dinero hacia la construcción de esta capacidad y fomentar una sociedad alternativa. De lo contrario, Europa se convertirá en una colonia digital, un sándwich entre el gran estado de China y los campeones tecnológicos de Silicon Valley. Comencemos con una red de ciudades rebeldes que pongan en el centro la participación de los ciudadanos, la soberanía tecnológica, los estándares digitales éticos y luego escalemos esas iniciativas gracias a un programa europeo.
Ahora tienes cinco empresas que poseen buena parte del mercado de servicios digitales. Estamos hablando de una concentración industrial enorme, pues son compañías que invierten entre 15.000 y 20.000 millones por año en infraestructuras (microprocesadores, inteligencia artificial, computación en la nube…) Este es un gran desafío, que no puede afrontarse solamente como nación. Necesitamos un enfoque paneuropeo ambicioso en el plano de la estrategia estrategia industrial, pero también para encontrar un nuevo marco regulatorio y una aproximación hacia los datos donde sea una infraestructura pública la que provea los servicios nacionales.
Al fin y al cabo, el trabajo fundamental consiste en explicarle a los movimientos progresistas la importancia de politizar las infraestructuras tecnológicas y cómo se relaciona con muchas luchas tradicionales, como la vivienda asequible o la soberanía energética. De nuevo: sin soberanía tecnológica, no existe soberanía política o económica.
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